La Fundación FISAT Salesianos Social pertenece a AEFYME, Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores. Desde la entidad reclamamos un ejercicio de compromiso para el cumplimiento de las obligaciones legales y morales hacia la atención de personas menores de edad, migrantes y no acompañadas que llegan a España, y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
COMUNICADO. La Junta de la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME), que agrupa a las principales entidades del Tercer Sector que trabajan en Protección de Menores a nivel nacional, ante la situación actual de crisis humanitaria de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados que llegan a España, preferentemente vía Canarias (denominados comúnmente MENAs) quiere manifestar que el tema debe tratarse bajo la máxima prioridad, siempre teniendo en cuenta que el interés superior de las personas menores de edad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, por ser un principio básico en la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
El Estado, entendiendo como el conjunto de las Administraciones Públicas, esto es, la Administración Central, las Administraciones Autonómicas y las Administraciones Locales, tienen la obligación de atender a todas las personas menores involucradas en los procesos migratorios que lleguen a España y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
No es una cuestión de solidaridad entre administraciones, estamos hablando del cumplimiento de los derechos humanos de menores de edad, estamos hablando de proteger, garantizando la dignidad, a menores de edad.
Cualquier debate que se haga sobre cómo atenderles, debe partir, necesariamente, de la obligación de la atención y, con ello, la discusión debe ser la mejor forma de atender, dotando de recursos a las administraciones o entidades que ejerzan esa atención, teniendo en cuenta que hablamos de formar personas que, además, se encuentran en el duelo migratorio y un proceso de cambio, normalmente sin conocer siquiera el idioma.
Es una obligación que tenemos como sociedad de acogida y es una obligación convencional y constitucional que el Estado tiene, y está recogida en los artículos 10 y 39.4 de la Constitución, cómo nos vincula la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.
Hay que tener presente, además, todas las leyes autonómicas de Protección a la Infancia. Son derechos y convenciones que quedan por encima de consideraciones sobre legislación de extranjería, que simplemente hablan del estatus legal de las y los menores, pero no de la necesidad de su atención.
Por eso, desde nuestra Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME), queremos hacer público nuestro compromiso de acogida y acompañamiento de cuantos Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados lleguen a nuestro país, a cualquiera de nuestras comunidades autónomas.
A través de los Centros que dirigen nuestras Entidades, gracias a los convenios establecidos con las Administraciones, seguiremos comprometidos con el cuidando y la buena atención de los menores que necesitan protección, hogar, formación y capacitación para poder insertarse social y laboralmente en nuestros pueblos y ciudades.
Queremos expresar además que la financiación de los Centros de Acogida debe ser acorde con las necesidades de personal y funcionamiento que garanticen una atención de calidad y posibilite una integración positiva de los menores en la sociedad evitando comportamientos antisociales.